Si tu empresa exporta y/o importa regularmente, la respuesta es sí.

A medida que el panorama normativo evoluciona y se vuelve más complejo, las empresas se enfrentan a desafíos cada vez mayores para cumplir con estas exigencias legales, mientras, deben continuar operando eficientemente y buscando el crecimiento económico.

El ámbito aduanero no es ajeno a esta complejidad, y las empresas se ven expuestas a riesgos de incumplimiento cuando son objeto de controles de auditoría aduanera a posteriori.

Más que la probabilidad, lo que debe preocuparnos es el impacto que puede tener para nuestra empresa, ya que no podemos olvidar que el periodo sujeto a inspección es de tres años (cuatro para cuestiones de Iva).

Por consiguiente, si una práctica incorrecta se ha ido realizando de forma recurrente en la empresa a lo largo de los años, sin que nadie lo haya advertido, una vez descubierta por la autoridad aduanera puede resultar en un impacto económico considerable para la empresa.

Si además no estamos en condiciones de demostrar una diligencia debida en nuestros procedimientos de control, es muy probable que tengamos que hacer frente a fuertes sanciones y recargos elevados.

Una práctica incorrecta no detectada puede ser p.e. la declaración de partidas arancelarias erróneas, la declaración del origen preferencial no conforme, no utilizar el método de valoración correcto, deducciones de Iva improcedentes, precios de transferencia incorrectamente aplicados, etc. Casos que hemos atendido recientemente en el despacho por inspecciones de la aduana.

Para minimizar el riesgo de incumplimiento, hay que revisar que todos los procedimientos se estén llevando de conformidad con la normativa (clasificación, origen, declaración de valor, control de exportaciones, declaraciones de aduana, autorizaciones de despacho, conservación de registros aduaneros y documentación, etc.), establecer procedimientos y mecanismos de control, y formar adecuadamente a las personas que tienen asignada la responsabilidad de estas operaciones.